Perú en crisis: entre la incertidumbre política, la economía tambaleante y el miedo en las calles

Actualmente, el Perú está atravesando un periodo de profunda inestabilidad política, económica y social. Desde 2016, ha experimentado una rápida sucesión de presidentes, lo que refleja una mala organización y relación entre los poderes del Estado , como si fuera una relación tóxica. La actual presidenta, Dina Boluarte, enfrenta graves acusaciones judiciales y también goza de niveles muy bajos de popularidad, debido a su ineptitud y carencia de legitimidad, liderazgo, credibilidad y autoridad moral. (La lista es larga, pero de momento quedémonos con eso).

La economía peruana muestra señales de desaceleración (no debemos confundir con recesión, la desaceleración aún es crecimiento, pero más lento). En febrero de 2025, el crecimiento económico fue del 2,68%, por debajo del 3,5% previsto, debido a la contracción de sectores clave como la minería y la energía. Aunque algunas entidades como Infobae, Reuters y BBVA Research han informado de que se proyecta un crecimiento del 3,1% para este año , la incertidumbre política siempre termina afectando estas cifras.

En paralelo, la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles muy elevados. En 2024, se registraron 2.057 homicidios, frente a los 674 de 2017, según un reporte de la PNP (Policía Nacional del Perú). Las denuncias por extorsión superaron las 22.800, cuatro veces más que las cifras de hace seis años. El miedo se ha convertido en rutina; según Prosegur Perú (2024), el 81% de los ciudadanos cree que puede ser víctima de un delito en los próximos 12 meses.

Este panorama refleja una crisis nacional que afecta profundamente a la sociedad y pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Panorama político: un sistema en constante colapso

La política peruana ha entrado en un ciclo que parece no tener fin. En menos de una década, desde 2016, el Perú ha tenido seis presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino (¡por solo 5 días!), Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Cada uno de ellos peor que el anterior, porque lejos de estabilizar la economía y la situacion política, cada gobierno ha reforzado la imagen de un sistema descompuesto.

El Congreso, en lugar de funcionar como un contrapeso democrático, se ha convertido en uno de los poderes más impopulares y desprestigiados. Según una encuesta del IEP (2025), el 90% de los peruanos desconfía del Congreso, y más del 75% lo considera un obstáculo para el desarrollo. Este desprestigio ha llevado a que algunos ciudadanos lo califiquen como la cloaca del Estado. En esta organización, la corrupción es el problema central; en mayo de 2024, 67 de los 130 congresistas estaban siendo investigados penalmente por corrupción, según datos del Ministerio Público. Además de eso, el Congreso suele aprobar reformas que benefician a los corruptos, o sea, a ellos mismos, como la modificación de la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta legal que permite al Estado recuperar bienes obtenidos ilícitamente. Así es como el Congreso, una institución cuestionada por la presencia de miembros investigados por corrupción, vínculos con organizaciones criminales e incluso casos graves como homicidio, además de condenas por incumplir obligaciones parentales, ha ido consolidando mecanismos legales para proteger sus intereses. Mediante reformas y la aprobación de normas, priorizan agendas particulares en lugar del bienestar ciudadano, lo cual fortalece la desconfianza en el sistema político. Los escándalos no se limitan a la corrupción. Hace poco, en diciembre de 2024, se destapó un caso de prostitución dentro de tan aclamada institución, donde se alegó que obligaban a mujeres jóvenes a tener relaciones sexuales con legisladores a cambio de favores políticos. Como siempre, la respuesta del Congreso ha sido duramente criticada por su falta de compromiso para solucionar el problema, centrándose en minimizar los hechos antes de sancionar a los implicados. Esta actitud ha reforzado la percepción de que el Congreso prioriza la autopreservación sobre la rendición de cuentas, agravando su crisis de credibilidad.

Y como si esto fuera poco, la corrupción atraviesa todos los niveles del poder. De los últimos seis presidentes, cinco son investigados por corrupción, algunos con órdenes de prisión preventiva y otro sentenciado. Este patrón típico ha minado la fe ciudadana en las instituciones: el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional sitúa a Perú con un puntaje de 36 sobre 100, ubicándolo entre los países con mayor nivel de corrupción en América Latina.

Impacto económico: entre el estancamiento y la incertidumbre

Aunque las proyecciones oficiales nos dan una visión esperanzadora, con un repunte del 3,1% para 2025 y, segun el BBVA y el Ministerio de Economía y Finanzas, estiman un 4% , estos números no reflejan la realidad en las calles. La economía peruana ha mostrado signos de desaceleración, con un crecimiento del 2,68% en febrero de 2025, por debajo del 3,5% previsto por analistas. Este estancamiento se atribuye, en parte, a la inestabilidad política crónica que afecta a la confianza empresarial y la inversión.

El desempleo juvenil y la precariedad laboral

El desempleo juvenil en Perú alcanza el 30,7%, y la informalidad laboral afecta al 59% de la población económicamente activa. Los jóvenes enfrentan una tasa de desempleo elevada, con pocos indicios de mejora. Esta situación refleja una "tormenta laboral perfecta" para los jóvenes, quienes, incluso cuando logran acceder al mercado laboral, lo hacen bajo condiciones de informalidad o precariedad.

Gráfica comparativa de la tasa de desempleo juvenil (15-24 años) en Perú frente a varios países desarrollados. Como podemos ver, Perú destaca con una de las tasas más altas, lo que refleja un desafío serio para su juventud y su economía a largo plazo.

Crisis política y su impacto sobre la inversión privada y la confianza empresarial

La inversión privada es uno de los principales motores del crecimiento. En el caso peruano, esta se ha venido desacelerando de forma preocupante en los últimos años, y muchos de estos tienen que ver con la inestabilidad política crónica que atraviesa el país.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada cayó un 7,3% en 2023, y se esperaba que se recuperara en 2024, pero por cuestiones de incertidumbre institucional, esto aún no se ha concretado. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que más del 60% de sus afiliados postergaron proyectos de inversión debido al contexto político incierto. La inversión, sobre todo en sectores intensivos en capital como la minería, la infraestructura o la energía, requiere reglas de juego claras y previsibles. Esto es un rasgo común, ya que la inversión es sumamente volátil frente a cualquier tipo de shock en la economía:

• Presidentes que duran meses.
• Proyectos de ley arbitrarios.
• Conflictos sociales sin respuesta.
• Acusaciones de corrupción en todos los niveles del Estado. Las empresas perciben riesgo país y, en lugar de invertir, guardan su capital o lo trasladan a mercados más estables (fuga de capital).

Carlos Adrianzén: "No hay país que pueda atraer capitales si cada tres meses cambia su hoja de ruta. En Perú, se gobierna sin planes y con discursos populistas que ahuyentan a los inversionistas".

Jorge Guillén, profesor de ESAN: "La inversión es adversa al conflicto. Y en Perú, el conflicto político se ha vuelto una constante. Cada nuevo gobierno arranca con cero legitimidad y cero claridad".

Casos concretos

En el sector minero, proyectos como Tía María (Arequipa) y Las Bambas (Apurímac) han sufrido paralizaciones constantes no solo por conflictos sociales, sino por falta de apoyo y liderazgo político para resolverlos, lo cual ha congelado miles de millones en inversión extranjera.

El riesgo país de Perú se ha incrementado (medido por el EMBI, indicador de JP Morgan), lo cual significa que el Estado y las empresas peruanas deben pagar intereses más altos por financiamiento internacional. Además, la falta de inversión impacta directamente en la creación de empleo formal y en la productividad del país, perpetuando la informalidad.

Inseguridad ciudadana: Un país tomada por el miedo

En los últimos años, la inseguridad ciudadana en Perú ha dejado de ser un problema de unos pocos para convertirse en una amenaza nacional. Lo que antes se limitaba a ciertas zonas de Lima, hoy alcanza ciudades intermedias, barrios tradicionales y hasta pueblos pequeños. La sensación de vulnerabilidad se ha instalado en la rutina diaria de millones de peruanos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024), el 32.5% de los hogares peruanos fue víctima de algún delito en el último año, siendo el robo el más común. El Ministerio del Interior (MININTER) reportó un incremento del 27% en casos de extorsión en 2024, con una especial concentración en zonas como Trujillo, Callao y Piura. El sicariato ha dejado de ser exclusivo del crimen organizado en la frontera norte. Hoy se reportan asesinatos por encargo en todo el país, incluso por deudas menores.

La percepción de inseguridad ha modificado los hábitos de vida. Según una encuesta de Ipsos Perú (2024), el 78% de los limeños ha dejado de salir de noche, el 65% evita usar joyas o accesorios visibles, y el 42% ha instalado rejas o sistemas de seguridad adicionales en sus hogares. El miedo se ha convertido en un factor económico: los negocios cierran más temprano, el comercio nocturno se reduce, y los costos de seguridad privada se han disparado.

La respuesta estatal ha sido insuficiente. A pesar de los constantes estados de emergencia declarados en diversas regiones, la percepción ciudadana es que la Policía Nacional está desbordada y, en algunos casos, infiltrada por la corrupción. El sistema penitenciario, con una sobrepoblación del 134%, se ha convertido en una "universidad del crimen" donde los reclusos siguen dirigiendo operaciones delictivas desde el interior.

Esta crisis de seguridad tiene raíces profundas: la debilidad institucional, la corrupción endémica, la falta de oportunidades para los jóvenes y la ausencia de políticas de prevención efectivas. Mientras tanto, la población se siente abandonada y busca soluciones por su cuenta, desde la contratación de vigilantes informales hasta la justicia por mano propia, lo que agrava el ciclo de violencia.